En el Mensaje a la Nación de julio pasado, el Presidente de la República ofreció el inicio de un programa de pensiones, similar al del programa Juntos, orientado a las personas mayores de 75 años que vivan en extrema pobreza.
Ningún medio informativo ha dado cuenta del posible impacto que una medida de este orden podría tener en todo el sistema de pensiones en el país. Esta escasa atención es ya una práctica atávica, sobre todo del lado de las entidades encargadas del diseño de políticas públicas en materia pensionaria pues ésta, en realidad, no solo está fragmentada y tiene un sesgo de política fiscal, sino que, además, prevalece el lado operativo, orientado a mantener fundamentalmente el pago de las pensiones públicas a través de la ONP, y al manejo de los portafolios de inversión en las AFP, sin incorporar medidas integrales y de largo plazo que afronten el envejecimiento demográfico, la alta informalidad de la economía y la baja cobertura pensionaria.
Un primer aspecto a destacar es la posibilidad que con este primer paso, surja en el país una política integral de protección social que incluya al sistema de pensiones, fortaleciendo su esencia como mecanismo de distribución de ingresos intertemporal y orientándolo a evitar el riesgo de pobreza en la tercera edad.
Un segundo aspecto se encuentra también en la posibilidad que el actual sistema adopte parte de las varias propuestas de reforma estructural que "deambulan" por el MEF y por otras organizaciones no gubernamentales para devolverle rostro humano a dicho sistema, resguardando su capacidad de autofinanciamiento y de solidaridad intergeneracional.
Un tercer tema está en la transformación de los futuros pensionistas. Esto es, que no solo se cambian las instituciones, sino también el comportamiento que un vasto sector de la población debe interiorizar para afrontar el riesgo de longevidad en el Perú. La transformación de las instituciones del Estado es parte de una larga agenda de cambios que requiere de una contrapartida: la transformación de los individuos dispuestos a emprender el ahorro con fin previsional, siempre que, claro está, esa capacidad de ahorrar exista. La creación de mecanismos y de incentivos desde el Estado requiere el cambio cultural de los individuos, ardua tarea a emprender para que un sistema de pensiones contributivo (público, privado o mixto) tenga continuidad y consistencia en las futuras décadas.
Finalmente se encuentra –siempre en posibilidad- que surja el consenso por ver en la bajísima cobertura pensionaria actual y futura el principal problema del sistema, problema que ni el Sistema Nacional de Pensiones, ni el Sistema Privado de Pensiones - en relación paralela como hoy lamentablemente sucede - pueden afrontar.
Empezar por un programa social en pensiones como el anunciado, es un inicio que abre en perspectiva, sobre todo para los futuros gobiernos, la llegada de una reforma en el sistema de pensiones, haciendo viable no solo un derecho constitucional que le asiste a cada peruano, sino también la creación de valor público entendido y medido desde la perspectiva del ciudadano.
miércoles, 11 de agosto de 2010
lunes, 9 de agosto de 2010
Las pensiones y los otros
En sus Memorias de un Historiador, José Antonio del Busto hace la siguiente reflexión: “…Ya sé que soy viejo, que tengo cáncer, que ese mal va a proseguir; que nunca hice fortuna; que cada día estoy más solo; que se me acerca el morir. Sin embargo, la confidencia es esta: soy un viejo feliz…”
En la visión convencional, la vejez es motivo de desamparo y carencia. Varias son las señales que nuestra sociedad difunde postrando al adulto mayor a una etapa de exilio y, en algunos casos, incompatible con la felicidad y la acumulación de riqueza. Opuesto a ese “Perú justo, ordenado, unido, honesto” que soñaba Del Busto, nuestro país ve agigantarse una población, la de la tercera edad, a la que las bondades y beneficios de la riqueza minera, exportadora y urbana posterga sistemáticamente. No forman parte de él, están excluidos. Son los otros.
Sin embargo, algunas voces disidentes vienen gestando una corriente de opinión orientada a evitar la pobreza y la exclusión a través de las Pensiones No Contributivas (PNC). Para acceder a la PNC en su versión focalizada, se necesita ser pobre y no estar vinculado a ningún tipo de pensión o ayuda oficial. Los cálculos muestran que, con una pensión de S/. 100 mensuales, se permitiría que la pobreza en la población adulto mayor disminuya 8.8 puntos porcentuales (pp) con un costo anual de 0.17% del PBI (2007). En un escenario donde la PNC sea universal, la pobreza disminuiría 12.2 pp con un costo anual de 0.89% del PBI .
Para legitimar esta propuesta, se cita la experiencia chilena con la implementación de la Pensión Básica Solidaria que actualmente es de 75,000 pesos (US $ 98) y cubre 800 mil personas o de Costa Rica donde la PNC cubre a 81 mil beneficiarios con una pensión mensual de 66,125 colones (US $ 81), amén de otros países de América Latina y del OCDE que tienen implementada una PNC y para lo cual fue necesario revertir, en muchos casos de forma desorganizada, las fisuras de un marco institucional que permita que dichas pensiones se organicen en concierto con los otros regímenes o pilares existentes en el país.
En el Perú, esos regímenes lo conforman el Sistema Nacional de Pensiones (SNP); la Caja de Pensiones Militar Policial; la Cédula Viva (cerrado a nuevas afiliaciones); el Sistema Privado de Pensiones (SPP); la Caja de Beneficios del Pescador, y el reciente de Pensiones Sociales orientada a las MYPE, ninguno de los cuales ofrece soluciones para aumentar la cobertura y, menos aún, para evitar el riesgo de pobreza en la tercera edad.
Según el INEI (2007), la cobertura de estos regímenes correspondiente al segmento de afiliados entre 20 y 65 años, es de 24.8%; siendo que sólo el 32.72% del total de personas mayores a 65 años reciben una pensión; situación que, de mantenerse la actual estructura, continuará obstaculizando la gobernabilidad del país. Así, pretender un cambio sostenible en el largo plazo, sin un cambio de paradigma que descanse en una alianza Estado-ciudadano, será mantener las condiciones adversas, resultado de las soluciones ofrecidas en las últimas cuatro décadas. En ese contexto, la PNC sería un avance pero, sin el vínculo organizado con los demás pilares, su aporte sería limitado y no cambiaría la estructura del sistema de pensiones.
Cuando propuse este cambio estratégico, a propósito de mi participación como Secretario Técnico de la Comisión de la Ley 28991, una colega me dijo “no es el momento político”. Y varias veces me he preguntado si desde Unanue ese momento propicio ha existido. No resulta sorprendente que, por ejemplo, el SNP y el SPP, los dos pilares en el que se vertebra el sistema de pensiones peruano, fueran creados en gobiernos de facto, el primero en el de Velasco Alvarado, el segundo en el de Alberto Fujimori, después del autogolpe.
En el Perú, pensar en soluciones de largo plazo parece un despropósito. Sin embargo, persisto en mi opinión: lo que el país requiere es una reforma estratégica de pensiones, creada con diálogo y legitimidad social.
Hagámoslo para honrar el futuro de nuestros hijos, para devolver la dignidad perdida, para recuperar lo que la negligencia, el interés o la perversa sinrazón nos está y seguirá entregando, los otros
En la visión convencional, la vejez es motivo de desamparo y carencia. Varias son las señales que nuestra sociedad difunde postrando al adulto mayor a una etapa de exilio y, en algunos casos, incompatible con la felicidad y la acumulación de riqueza. Opuesto a ese “Perú justo, ordenado, unido, honesto” que soñaba Del Busto, nuestro país ve agigantarse una población, la de la tercera edad, a la que las bondades y beneficios de la riqueza minera, exportadora y urbana posterga sistemáticamente. No forman parte de él, están excluidos. Son los otros.
Sin embargo, algunas voces disidentes vienen gestando una corriente de opinión orientada a evitar la pobreza y la exclusión a través de las Pensiones No Contributivas (PNC). Para acceder a la PNC en su versión focalizada, se necesita ser pobre y no estar vinculado a ningún tipo de pensión o ayuda oficial. Los cálculos muestran que, con una pensión de S/. 100 mensuales, se permitiría que la pobreza en la población adulto mayor disminuya 8.8 puntos porcentuales (pp) con un costo anual de 0.17% del PBI (2007). En un escenario donde la PNC sea universal, la pobreza disminuiría 12.2 pp con un costo anual de 0.89% del PBI .
Para legitimar esta propuesta, se cita la experiencia chilena con la implementación de la Pensión Básica Solidaria que actualmente es de 75,000 pesos (US $ 98) y cubre 800 mil personas o de Costa Rica donde la PNC cubre a 81 mil beneficiarios con una pensión mensual de 66,125 colones (US $ 81), amén de otros países de América Latina y del OCDE que tienen implementada una PNC y para lo cual fue necesario revertir, en muchos casos de forma desorganizada, las fisuras de un marco institucional que permita que dichas pensiones se organicen en concierto con los otros regímenes o pilares existentes en el país.
En el Perú, esos regímenes lo conforman el Sistema Nacional de Pensiones (SNP); la Caja de Pensiones Militar Policial; la Cédula Viva (cerrado a nuevas afiliaciones); el Sistema Privado de Pensiones (SPP); la Caja de Beneficios del Pescador, y el reciente de Pensiones Sociales orientada a las MYPE, ninguno de los cuales ofrece soluciones para aumentar la cobertura y, menos aún, para evitar el riesgo de pobreza en la tercera edad.
Según el INEI (2007), la cobertura de estos regímenes correspondiente al segmento de afiliados entre 20 y 65 años, es de 24.8%; siendo que sólo el 32.72% del total de personas mayores a 65 años reciben una pensión; situación que, de mantenerse la actual estructura, continuará obstaculizando la gobernabilidad del país. Así, pretender un cambio sostenible en el largo plazo, sin un cambio de paradigma que descanse en una alianza Estado-ciudadano, será mantener las condiciones adversas, resultado de las soluciones ofrecidas en las últimas cuatro décadas. En ese contexto, la PNC sería un avance pero, sin el vínculo organizado con los demás pilares, su aporte sería limitado y no cambiaría la estructura del sistema de pensiones.
Cuando propuse este cambio estratégico, a propósito de mi participación como Secretario Técnico de la Comisión de la Ley 28991, una colega me dijo “no es el momento político”. Y varias veces me he preguntado si desde Unanue ese momento propicio ha existido. No resulta sorprendente que, por ejemplo, el SNP y el SPP, los dos pilares en el que se vertebra el sistema de pensiones peruano, fueran creados en gobiernos de facto, el primero en el de Velasco Alvarado, el segundo en el de Alberto Fujimori, después del autogolpe.
En el Perú, pensar en soluciones de largo plazo parece un despropósito. Sin embargo, persisto en mi opinión: lo que el país requiere es una reforma estratégica de pensiones, creada con diálogo y legitimidad social.
Hagámoslo para honrar el futuro de nuestros hijos, para devolver la dignidad perdida, para recuperar lo que la negligencia, el interés o la perversa sinrazón nos está y seguirá entregando, los otros
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